domingo, 11 de marzo de 2007

Plantas de Biometanización de Residuos


Este tipo de instalaciones, que tratan la basura generando biogás y compost, se extienden por España, aunque son criticadas por sus inconvenientes.


Navarra inauguraba recientemente una planta de biometanización de residuos, con la que se gestiona la basura orgánica y de paso se genera compost y energía eléctrica a partir del biogás producido. La instalación está situada en "El Culebrete" (Tudela), y recibirá los residuos de 19 localidades navarras. La planta tudelana tiene una capacidad de tratamiento anual de 50.000 toneladas de residuos, y permite obtener 6.000 toneladas de compost y 130.000 megavatios (MW) de energía al día, suficiente para cubrir las necesidades energéticas de unas 100.000 personas.

La instalación navarra tiene una capacidad de tratamiento anual de 50.000 tn. de residuos, y permite obtener 6.000 tn. de compost y 130.000 MW de energía al día
Según fuentes del Gobierno de Navarra, se han invertido 9.616.193 euros para la puesta en marcha de esta planta. Gracias a ella, afirman, se reducen los residuos depositados en vertedero, permitiendo a la Comunidad Foral cumplir con la normativa europea que establece que, antes de julio de 2009, la cantidad de residuos urbanos biodegradables destinados a vertedero no supere la mitad de los generados en 1995.

La primera planta de este tipo en España se inauguraba en enero de 2003 en la localidad madrileña de Pinto. A pleno rendimiento, esta planta es capaz de tratar hasta 140.000 toneladas de residuos orgánicos procedentes de 17 municipios de la región. Según sus responsables, permite generar 20.000 toneladas de compost y 117.730 MW por hora.

En 2006, el Ayuntamiento madrileño presentaba otras dos plantas de biometanización (La Paloma y Las Dehesas), ubicadas en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, al sureste de Madrid. Según fuentes del consistorio, estas dos nuevas plantas recibirán anualmente más de 370.000 toneladas de residuos orgánicos y la energía generada servirá de combustible para la flota de 250 autobuses a gas de la Comunidad madrileña, o bien para generar electricidad destinada a edificios o alumbrado público.

Asimismo, otras comunidades españolas han anunciado la creación de más plantas para los próximos años. El "Centro de Reciclaje Zaragoza" de la capital maña aspira a ser el mayor de España en materia de tratamiento integral y biometanización de residuos urbanos y una de las mayores eco­plantas de Europa, con una capacidad de tratamiento de 450.000 toneladas anuales. Según el Ayuntamiento de Zaragoza, las instalaciones estarán operativas en primavera de 2007. Por su parte, Asturias pretende contar para 2010 con una planta de reciclaje de basura bruta y otra de biometanización para reciclar el 32% de la basura generada en esta comunidad, el doble de la cantidad actual.

Sin embargo, estas plantas no están exentas de críticas. El grupo socialista del Ayuntamiento madrileño ha denunciado que la lluvia ha mojado el compost de las plantas de Valdemingómez y "el hedor es insoportable para más de cien mil vecinos". Por ello, reclaman que este material no se siga depositando al aire libre y que las operaciones de volteado para facilitar la fermentación se hagan en lugares cubiertos con filtros anti-olores.

Por su parte, diversos grupos ecologistas afirman que estas plantas ocasionan un aumento en las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero (GEI), especialmente de CO2 u óxidos de nitrógeno. Según los responsables de estas plantas, evitan emisiones de metano, el segundo GEI más importante. En el caso de las plantas de Valdemingómez, los ecologistas recuerdan además que se sitúan dentro de los límites del Parque Regional del Sureste. Este espacio natural protegido sitúa, entre otras cuestiones, un nivel mínimo de ruidos, algo muy difícil de cumplir con el tráfico diario de los miles de camiones que se encargan del transporte de los residuos.

Según la ONG ecologista Amigos de la Tierra, la biometanización, al resolver el problema de los residuos orgánicos, cierra el camino al compostaje, mucho más viable ambiental y económicamente. Asimismo, razonan, la biometanización, al igual que la incineración, implica disponer de basura suficiente para poder producir energía, de manera que la política ecológica de reducción o reutilización de residuos se deja en un segundo término.

Por su parte, los expertos en residuos subrayan que el compost obtenido en el proceso es de baja calidad, por lo que encuentra dificultades para ser aceptado en el mercado. Para conseguir mejorar el producto, es necesario que el residuo orgánico esté convenientemente separado del resto, para lo que la concienciación de los consumidores es fundamental.


Cómo funcionan las plantas de biometanización

La basura recibida en estas instalaciones se clasifica dependiendo de su destino: Una parte se reutiliza, con otra parte se hace compost y una tercera sirve para generar electricidad. En este último caso, el proceso es el siguiente: La basura orgánica se mezcla con agua y arena, formando una especie de caldo. Posteriormente, se inicia el proceso de metanización. Se provoca una fermentación anaerobia mediante unos bacilos, lo que acelera la producción de gas metano, que será quemado en unos potentes motores para producir energía. Para producir el compost, el "caldo" se mezcla en este caso con fracciones vegetales como restos de poda y ramas. Finalmente, el resto no utilizado irá al vertedero.

Para evitar los malos olores y residuos contaminantes, se cuenta con unos biofiltros que filtran los gases. Asimismo, el agua se trata de forma biológica, con lo que se obtiene agua reutilizable.

Certificación de Eficiencia Energética

Los edificios nuevos o rehabilitados deberán llevar por ley una etiqueta ecológica, con el objetivo de promocionar el ahorro de energía

A partir de 2007, los edificios de nueva construcción o los que se rehabiliten deberán incluir por ley una etiqueta energética, similar a las ya utilizadas en electrodomésticos, lámparas y vehículos. Mediante este certificado, el comprador o inquilino, en el caso de los alquileres, podrá comparar y evaluar la eficiencia energética del edificio.

Los edificios ya construidos no llevarán, por el momento, esta etiqueta ecológica, que se incorporará oficialmente al Libro del Edificio. Asimismo, el CO2 producido durante el ciclo de vida de los materiales queda fuera de esta certificación.

Un edificio de clase energética A tendrá que reducir sus emisiones de CO2 más del 60%
La etiqueta deberá constar en la publicidad utilizada en la venta o arrendamiento del edificio. A cada edificio le será asignada una clase energética, de acuerdo con una escala de siete letras y siete colores que van desde el edificio más eficiente (clase A) al menos eficiente (clase G). La valoración se hará en función del CO2 emitido por el consumo de energía de las instalaciones de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria (ACS) e iluminación. Así, por ejemplo, un edificio de clase energética A tendrá que reducir sus emisiones de CO2 más del 60%.

El sector de la construcción es uno de los principales consumidores de energía, cuyas cifras además no dejan de aumentar. Según el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), los casi 3.500 millones de m² del parque edificatorio español consumen el 20% del total de la energía final; o lo que es lo mismo, 15 millones de toneladas equivalentes de petróleo.


Por ello, los responsables de este Instituto, adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, consideran que la Certificación Energética de Edificios (CEE) favorecerá una mayor transparencia del mercado inmobiliario y fomentará las inversiones en ahorro de energía, potenciando, así, la demanda de la calidad energética entre los consumidores. En definitiva, añaden, se trata de "un paso más en el cumplimiento de nuestro compromiso de Kyoto".

La puesta en marcha de este certificado es la consecuencia de la reciente aprobación de un Real Decreto que complementa el nuevo marco normativo sobre eficiencia energética de la edificación iniciado, hace unos meses, con la aprobación del Código Técnico de la Edificación (CTE). A su vez, estas normas forman parte del Plan de Acción de la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética para el sector de la edificación en España impulsado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del IDAE, e incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva europea 2002/91/CE de Eficiencia Energética de los Edificios.

Según los expertos, la CEE traerá además consigo varias acciones que obligará al sector inmobiliario y de la construcción a rentabilizar costes, estudiar la viabilidad técnica de los proyectos, y en definitiva, mejorar el medio ambiente:

  • Facturación de los gastos de energía (calefacción, climatización y ACS) en función del consumo real, para así poder distribuir los costes de manera más equilibrada e individualizada
  • Inspecciones periódicas de calderas y auditorías energéticas en edificios de alto consumo de energía
  • Control del aislamiento térmico en edificios de nueva construcción

Además del CTE y el CEE, la Administración tiene en marcha varios documentos legales en la misma línea, como la modificación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), la actualización de la Normativa de Aislamiento Térmico NBE-CT-79, o el Plan de Fomento de las Energías Renovables.


Cómo se etiquetará energéticamente un edificio

La responsabilidad de certificar un edificio recae en primer lugar en el proyectista del edificio. Mediante el programa informático "Calener", o programas alternativos validados, se simulará el comportamiento energético del edificio durante todo el año, considerando los factores que más influyen en el consumo, como las condiciones meteorológicas, la envolvente del edificio o su orientación, las características de las instalaciones de calefacción, ACS o iluminación, entre otras.

En función del resultado, se le asignará una clase de eficiencia energética determinada. Por su parte, algunos especialistas consideran que el programa Calener requiere unos conocimientos que pueden estar al alcance de unos pocos, por lo que recomiendan el programa "Líder", en su opinión más sencillo de utilizar.

Una vez construido el edificio, se comparará la calificación energética obtenida en la fase de proyecto con la del edificio realmente ejecutado. Para ello, las Comunidades Autónomas aprobarán las medidas de control para verificar que la certificación definitiva del edificio ya construido corresponde con la realidad. El certificado tendrá una validez máxima de 10 años, y cada Comunidad Autónoma establecerá las condiciones específicas para proceder a su renovación o actualización.